Organizaciones ambientales y expertos reclaman al gobernador que responda por los daños que ocasionarán decenas de proyectos industriales de energía a terrenos de alto valor agrícola y ecológico.
Una coalición de organizaciones y expertos reclamó al gobernador Pedro Pierluisi que llame a capítulo a funcionarios bajo su cargo que han incumplido su deber de velar por la seguridad alimentaria de Puerto Rico y han demostrado crasa falta de transparencia con respecto a decenas de proyectos industriales de energía propuestos para terrenos de alto valor agrícola y ecológico.
Los portavoces llamaron la atención sobre la errada política pública de aprobar—violentando procesos de participación ciudadana—decenas de proyectos industriales de energía, en lugar de impulsar la energía solar en los techos y áreas previamente impactadas.
“Hemos dado la voz de alerta sobre los impactos adversos que esta incorrecta política pública tendría para la seguridad alimentaria y para la ecología. Los funcionarios han optado por ignorar nuestras comunicaciones negándonos el debido proceso de participación pública. Hoy elevamos nuestro reclamo al gobernador. Llame a capítulo a los jefes de agencia, aquí hay que sentarse a estudiar los impactos porque se trata de terrenos incluso protegidos por leyes y reglamentos y el daño sería irreversible”, manifestó Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas.
Dijeron que las primeras comunicaciones se cursaron hace tres meses mediante cartas enviadas al secretario de Agricultura, Ramón González, y al presidente de la Junta de Planificación, Manuel Hidalgo. Además, hicieron la denuncia públicamente el 25 de octubre del año pasado y hace dos semanas enviaron una misiva al primer ejecutivo en la que solicitaron una reunión.
“¿Qué es lo que pasa en Agricultura, Planificación y el Negociado de Energía? ¿Por qué los jefes de estas agencias sienten que pueden ignorar a la ciudadanía? ¿A quiénes se quiere beneficiar a costa de la seguridad alimentaria y de la protección de los recursos naturales?”, expresó Victor Alvarado, portavoz del Comité Diálogo Ambiental.
Advirtieron que hace dos semanas el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) autorizó 18 proyectos industriales de energía solar adicionales, de los que nada se conoce. Pero, hay más de 60 proyectos propuestos que se han podido documentar, a pesar de la falta de transparencia de las agencias. El área estimada de terrenos de valor agrícola que eliminarían si se cumplen las metas del NEPR sería de más de 14,000 cuerdas.
“Edison Avilés Deliz, presidente del NEPR, dice que los proyectos son para beneficio de los consumidores y del medio ambiente y de cada residente de la isla. Pero, lo cierto es que lo mejor para el ambiente es colocar las placas solares en los techos. Eso también es lo mejor para los residentes, la agricultura y la ecología. Queremos energía solar, pero debe ubicarse en sitios adecuados. Podemos revertir la dependencia de los combustibles fósiles, incluyendo el gas ‘natural’ metano que ya es la fuente principal y más grande de la generación de energía en Puerto Rico. Impulsando una política energética que sea verdaderamente amigable para el ambiente no una que destruya y deforeste los terrenos como quieren hacer”, apuntó la licenciada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.
La Coalición denunció que hay cuatro proyectos industriales de mayor preocupación que el gobierno impulsa: Ciro ONE, en Salinas, que potencialmente ocuparía 542 cuerdas de terreno; Xzerta-Tec Solar, en Hatillo, con 203 cuerdas; Montalva Solar Farm, en Guánica y Lajas, con 2,800 cuerdas de terreno; y el más reciente, Cabo Rojo Solar Farm que ocuparía 128 cuerdas de terreno. Estos proyectos se han aprobado sin participación ciudadana, sin Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o con una DIA que data de más de diez años. El NEPR no ha divulgado la ubicación de los 18 proyectos recién aprobados.
Mencionaron que, de aprobarse estos proyectos, se eliminaría la posibilidad de hacer actividades agrícolas rentables en el futuro, si se diera el caso de eliminar las placas del terreno. Sería impredecible determinar la productividad de los terrenos por el daño causado por la remoción de la capa superficial del terreno que usualmente ocurre cuando se modifica el suelo para colocar las placas. Según los datos del Departamento de Agricultura, en la actualidad se produce solamente alrededor de 15% de los alimentos que se consumen en Puerto Rico.
“Las placas solares ocuparían el área que de otra manera ocupan cultivos y animales, e impactarían directamente el suelo a través de la remoción y compactación de la capa superficial del suelo. Esto inhabilita los terrenos para la agricultura y puede provocar cambios en los patrones de escorrentía y recarga de acuíferos, lo cual afectaría comunidades cercanas a los proyectos”, señaló David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
“Es importante resaltar que estos proyectos estarían desplazando a trabajadores agrícolas. Urge tener respuesta de nuestros funcionarios de Agricultura y Planificación y sobre todo del gobernador como su supervisor directo. El secretario de Agricultura ha dicho que se propone alcanzar la producción del 50% de lo que se consume en la isla en un periodo de 6 años. Sin embargo, los que queremos producir alimentos no tenemos acceso a lo primordial para lograr la seguridad alimentaria: la tierra”, manifestó Marissa Reyes, portavoz de la organización El Puente ELAC y agricultora ecológica.
“Necesitamos con urgencia una transición a energías renovables, pero es importante que se haga de manera responsable sin afectar los recursos limitados que tenemos al presente y futuro como archipiélago. Queremos energía solar pero en los techos, así como lo dicta la propuesta de Queremos Sol. Esa propuesta se sustenta en un estudio de la organización Cambio que determinó que para el 2035 Puerto Rico puede lograr el 75% de la integración de renovables con sistemas fotovoltaicos en techos. La Ley 17-2019 establece una meta de 60% para el 2040. La propuesta de la sociedad civil es más rápida, efectiva, económica y no afecta terrenos de alto valor agrícola y ecológico”, añadió la abogada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.
“Solicitamos a la ciudadanía que se sume a este reclamo para que el dinero público sea utilizado sabiamente y no para continuar cometiendo errores que no garantizan ni mayor producción agrícola ni opciones más robustas de energía renovable”, indicó Jesús Vazquez, portavoz de Organización de Agricultura Ecológica, Boricuá.
Las organizaciones y expertos que conforman la coalición son:
- El Puente-Enlace Latino de Acción Climática
- Organización de Agricultura Ecológica, Boricuá
- Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas
- Comité Diálogo Ambiental
- Abogada Ruth Santiago, miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca
- David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico