El Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ por sus siglas) presentó el informe final sobre los efectos que ha tenido el Huracán María en los niños y adolescentes en Puerto Rico. El mismo, fue comisionado a la firma Estudios Técnicos y a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y consta de una encuesta a hogares con niños menores de 18 años y un estudio cualitativo en 5 municipios. El estudio se realizó durante los meses de septiembre a noviembre de 2018.

“Este estudio nos presenta un retrato claro del impacto del huracán en nuestros niños y adolescentes, en especial aquellos que viven en la pobreza, los cuales constituye la mayoría de los niños y jóvenes en Puerto Rico. Hay una necesidad apremiante de atender las vulnerabilidades presentadas en la investigación y, por lo tanto, el estudio está acompañado de un Guía de Recomendaciones con la meta de proveer soluciones y sumar esfuerzos multisectoriales que integren al gobierno central y a los municipios, así como a entidades sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria.  Esto, con miras a ofrecer alternativas de recuperación para las familias, y una mejor preparación para eventos futuros”, destacó Amanda Rivera Flores, Directora Ejecutiva del Instituto.

Rivera Flores recalcó la importancia de estudiar a esta población tras el ciclón para atender sus prioridades efectivamente debido a que son una población crítica para el desarrollo económico y recuperación de Puerto Rico a largo plazo. Además, explica que es necesario tomar en consideración las necesidades específicas que tienen los niños y jóvenes, desde los espacios educativos y de cuido, hasta las necesidades nutritivas de infantes, y periodos críticos del desarrollo, como lo son la niñez temprana y las transiciones a la adultez de los adolescentes.

Los renglones de mayor impacto y vulnerabilidad, conforme reflejó el estudio, fueron los daños a las viviendas e infraestructuras comunitarias y educativas, la interrupción del proceso educativo, la pérdida de ingreso en el hogar, y los impactos en la salud mental. De igual manera, se destacó el impacto en las familias con niños que padecen condiciones de salud y necesidades especiales debido a la interrupción de servicios.  El estudio estima que el 50% de los niños con condiciones usaban medicinas para su condición particular antes de María.  De esos, aproximadamente el 30% tuvieron problemas para obtener los medicamentos tras la emergencia. Estas familias también se vieron impactadas en su capacidad para comprar medicamentos necesarios ante falta de ingresos.

De acuerdo con María E. Enchautegui, una de las autoras del estudio comentó “tenemos que garantizar el bienestar de los niños y las niñas durante desastres naturales, designando a esta población como una de alta vulnerabilidad.  Las políticas públicas que atienden a la escuela como un espacio de estabilidad para los niños, actividades de recreación apropiadas para sus edades, servicios de salud mental y ligereza en la recuperación de las viviendas, son todos aspectos primordiales para los niños y niñas durante la recuperación”.

El estudio fue coauspiciado por la organización Save the Children y la Fundación Ángel Ramos.  Laura López Torres, directora ejecutiva de la Fundación Ángel Ramos, expresó que: “La Fundación (Ángel Ramos) está comprometida con contribuir a una mejor calidad educativa para la niñez en Puerto Rico. Ante el complejo panorama que nos presentó el estudio, estamos convocados a impulsar -con sentido de urgencia- acciones concretas dirigidas a ‘subsanar’ la fragilidad del entorno. Nuestra encomienda como Fundación, como país, es propiciar ambientes seguros y las herramientas necesarias para el desarrollo y el bienestar de nuestros niños y jóvenes. A la luz de los hallazgos de esta investigación, estamos en mejor posición para lograrlo”.

La encuesta que se llevó a cabo como parte del Estudio igualmente reveló que las familias de ingresos bajos fueron – y continúan siendo – las más afectadas tras el paso del Huracán. Según destacó Anitza M. Cox de Estudios Técnicos, Inc., una de las autoras del estudio, el 40% de los hogares con ingresos anuales menores de $15,000, indicaron tener dificultades con el pago de agua y luz, 38% con la compra de alimentos, 16.1% medicamentos y  20.5% materiales educativos para sus hijos.  Es por esto que a nivel federal, el IDJ recomienda la extensión del Child Tax Credit a familias de 1 y 2 niños, y la extensión de $600 millones para el PAN, ya que la seguridad económica de muchas familias fue socavada. A nivel del gobierno de Puerto Rico, la entidad recomienda maximizar las oportunidades de la recuperación para aumentar la participación laboral y seguridad económica de las familias con niños y jóvenes. Esto incluye programas que provean apoyos para que jóvenes, padres y madres puedan integrarse a las nuevas oportunidades de trabajo creadas por la recuperación, como lo son la construcción.

El Estudio también reveló la falta de preparación adecuada para un evento de la fuerza y naturaleza del huracán María.  Según compartieron algunos participantes de la investigación cualitativa, aunque se requieren planes hasta para el desalojo de mascotas, no había planes para atender a los niños y niñas ante el paso del huracán.  A base de este hallazgo, el IDJ recomienda el desarrollo de un plan de desastres coherente y centralizado para que se tomen en consideración las necesidades de la niñez y juventud en todas las etapas de su vida.

De igual manera, los resultados destacan la labor vital de las organizaciones de base comunitaria, así como líderes y vecinos en los barrios y comunidades, quienes fungieron como primera línea de respuesta para atender necesidades apremiantes de las familias afectadas.  Para fortalecer la preparación de las familias con niños, en su Guía de Recomendaciones, el IDJ recomienda capitalizar sobre este activo comunitario y que el Gobierno de Puerto Rico cree un plan centralizado para atender las necesidades de la niñez en colaboración con el sector civil. Este plan debe incorporar tácticas, como lo serían campañas de medios que fomenten la preparación para las necesidades específicas de los niños, al igual que proveer kits de emergencia para aquellas familias de más bajos ingresos.  Por el lado del entorno comunitario, recomienda que se fortalezcan las destrezas y recursos que tienen para atender las necesidades de la niñez ante el paso de un huracán u otros desastres, lo que incluiría un programa para establecer “aliados de la niñez” dentro de cada comunidad.

En el renglón de salud mental, el 44% de las familias encuestados indicaron haber observado cambios en el comportamiento de los niños y jóvenes tras el paso de María, expresando ansiedad, temor, tristeza y desánimo.  Estos sentimientos son factores agravantes, debido a que esta población ya experimenta niveles de estrés crónico pues una alta proporción vive en condiciones de pobreza. El personal escolar entrevistado identificó la salud mental de los estudiantes como un área que no pudo ser atendida a cabalidad. Ante esto, el IDJ recomienda que se fortalezca la capacidad que tienen las escuelas para proveer distintos niveles de apoyo psicosociales- antes y durante un huracán, al igual que levanta bandera sobre la reducción que ha habido durante los últimos años en programas de salud mental de la agencia ASSMCA y urge a que se protejan esas inversiones.

Uno de los sectores más afectados con el huracán fue el sector de educación.  La parte cualitativa del estudio resaltó cómo el cierre de las escuelas desestabilizó la vida y rutina de los menores.  Asistir a la escuela es un factor de estabilidad en el desarrollo de los niños y tras la emergencia, hubo una pérdida en promedio de 72 días de clases.  A esto, se le une el plan de cierre de escuelas del Departamento de Educación comenzando en agosto del 2017. A más de un año del huracán, cuando se llevaron a cabo grupos focales, había escuelas que todavía no habían sido reparadas. Para atender este reto, el IDJ recomienda que se desista de la práctica de usar refugios como escuelas, se establezca un número máximo de días que las escuelas pueden estar cerradas, y que se aumente el proceso de transparencia de reconstrucción de las escuelas.

Además de la infraestructura de las escuelas, el estudio revela que las facilidades comunales y públicas para la recreación en los municipios (Parques, canchas, centros comunales y centros culturales) fueron severamente impactadas. El 46% de los encuestados encontró que las facilidades recreativas en los municipios estaban en peores condiciones tras el paso de María.  La Guía de Recomendaciones recalca la importancia de estos espacios recreativos para el desarrollo y recuperación de los niños y jóvenes, y sugiere que se utilicen fondos CDBG-DR para asegurar que esos espacios recreativos para la niñez sean restaurados.

 “Las recomendaciones que estaremos presentando tienen la misión de mejorar la calidad de vida de los niños y familias que viven con condiciones de pobreza, para que puedan recuperarse de esta experiencia y se fortalezcan unidos para enfrentar emergencias futuras con mayor resiliencia.  Estamos listos para colaborar con todos los sectores en soluciones viables e inclusivas con todos en el gobierno, la empresa privada y el tercer sector”, concluyó diciendo Rivera Flores.

El Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58% de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza. El trabajo del IDJ incluye la recolección y diseminación de datos; el desarrollo de recomendaciones de políticas públicas basadas en la investigación; y el trabajo de defensa informado, tanto por datos, como por las voces de las personas a quienes representa. IDJ es la única organización enfocada en política pública y la defensa de los asuntos relacionados a los niños en Puerto Rico. Para más información, puede acceder: www.juventudpr.org